Arzobispo Braulio Rodríguez Plaza

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Carta semanal

Contradicciones

27 de junio de 2004

Publicado: BOA 2004, 221.

¡Qué importante es colocar los problemas y los debates en su lugar adecuado! Por ejemplo, a mí me gusta que en la escuela de iniciativa estatal se eduque sin dogmas, en valores humanistas y universales, en la pluralidad y el respeto a los derechos humanos, como quiere la llamada Plataforma para la escuela laica. Lo que no entiendo es que para conseguir estos deseos crean que lo mejor y necesario sea expulsar la enseñanza religiosa escolar colocándola fuera del currículo escolar. ¿Han demostrado alguna vez que el derecho de los padres a que a sus hijos se les eduque según sus convicciones es anticonstitucional?

Que repasen el art. 27 de la Constitución Española, no sea que estén intentando anular la libertad de conciencia de padres y madres, que por cierto pagan sus impuestos como cualquier ciudadano. Piensen también esos padres católicos si en esa escuela laica sus hijos se sentirán cómodos, junto a otros creyentes y no creyentes. ¿En qué se basan para decir que las creencias religiosas forman parte del ámbito de lo privado?

Otro ejemplo. En un diario de Valladolid se afirma el domingo pasado que el Papa había recriminado al gobierno español en la persona del nuevo embajador por determinados proyectos legislativos que aquél anuncia. A su entender, la Santa Sede tiene perfecto derecho a expresar sus opiniones, pero es difícil de entender que pretenda pertinazmente que la legislación general de un país democrático haya de ajustarse a sus criterios, perfectamente respetables, pero que sólo conciernen a sus fieles que voluntariamente aceptan su autoridad.

Pero, ¿es eso lo que ha dicho el Santo Padre? Con todos los respetos, afirmar eso es toda una falacia. El discurso del Papa deja clarísimo el respeto pleno a la autonomía de las autoridades civiles, pues estamos ante dos ámbitos autonómicos que no pueden ignorarse y sí dialogar. ¿Por qué? Primero porque Santa Sede y Estado Español quieren relaciones diplomáticas, ya que ambos quieren construir una sociedad basada en valores fundamentales, en un orden nacional e internacional justo y digno del ser humano. Y, segundo, porque hay un campo que no es ni de la Iglesia ni del Estado Español: es sencillamente humano, capaz de hacer entrar en diálogo.

Según nuestro diario, el Papa «recrimina» al Gobierno. No hay tal. Lo que dice Juan Pablo II es que, para no cercenar de raíz la dignidad del hombre y sus derechos fundamentales, es preciso tener en cuenta valores que no son propios de los católicos, sino que son patrimonio de todo hombre y mujer: el derecho fundamental a la vida, como es el caso del aborto; la familia, núcleo central y fundamental de toda sociedad. Estos valores no son propios de los católicos; pertenecen a toda conciencia humana que aspira a la verdad. Son derechos de todos, no cuestión de mayorías o minorías.

Confundir el matrimonio con otras formas de unión del todo diversa lleva a riesgos muy grandes, como considerar a los hijos como meros objetos para la propia satisfacción. Defender esto democráticamente no es defender valores “confesionales”, que atañan sólo a los católicos. Pero los laicistas militantes siguen pensando que una convivencia profunda en sociedades cada vez más plurales y complejas sólo se puede conseguir dejando al margen los valores fundamentales, propiedad de todos. ¿Esa es forma de dialogar? No me parece a mí.

† Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Valladolid