Arzobispo
Braulio Rodríguez Plaza

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Carta mensual

Sostenimiento de la Iglesia
de la que uno forma parte

Mayo de 2005


Publicado: BOA 2005, 205.


Con mucha frecuencia somos poco conscientes de multitud de cosas y no nos preguntamos por qué esto es así o de aquel otro modo. Es parte de la condición humana. Creo que algo de esto sucede con el tema del sostenimiento económico de la Iglesia por sus propios fieles: pueden pasar los años, cambiar las circunstancias de la sociedad española, y la mayoría de los católicos apenas se ha movido de sus posiciones. Como me decía un paisano de un pueblecito de Soria: «La ermita es nuestra (del pueblo), pero parece que la iglesia (parroquial) es del gobierno, y no tenemos que preocuparnos de ella».

He conocido el inicio del sistema de ayuda a la Iglesia Católica por el Estado: en la declaración de la renta, el contribuyente puede marcar una casilla con una cruz y de este modo el 0,52% de lo que ha de entregar necesariamente a Hacienda pasa a la Iglesia. Hay, por supuesto, otras casillas por las que apostar. Este procedimiento lo decidió el gobierno socialista de entonces (1988), y, aunque algunos medios siguen llamando a esta forma de contribuir «impuesto religioso», podrá ser más o menos discutido, pero suponía un avance respecto al anterior sistema de ayuda, que formaba parte de los presupuestos anuales del Estado.

Pero con esta somera historia no se acaba el tema del sostenimiento de su Iglesia por sus propios fieles, aunque algunos se hayan anclado en esta solución y no piensen más ni se sientan para nada concernidos en el tema. No saben que el montante de ese 0,52% apenas es un tercio del presupuesto de las diferentes diócesis de España. Sí, ya sé que muchos nos dicen que la Iglesia recibe más, pues el Estado paga a los profesores de Religión y ayuda a las ONGs de la Iglesia, y que ésta está libre de algunos impuestos. Se olvida que los profesores de Religión son exigencia de los padres, a quienes ampara la Constitución y pagan sus impuestos, y que otras instituciones no lucrativas tienen el mismo trato, y que la Iglesia en España realiza una atención primaria con mucha gente, sobre todo con inmigrantes, que quedarían absolutamente desamparados, aparte de que la atención primaria es obligación de los poderes públicos.

Pero quiero hacer hincapié en algo que me parece más preocupante: los católicos olvidan algunas cosas. Por ejemplo, que parece razonable que exijamos a los poderes públicos dinero para arreglar y tener en buen estado la mayoría de nuestras iglesias y monasterios, porque son artísticamente valiosas y forman parte de nuestro entorno cultural, además de favorecer el turismo y, por tanto, contribuir al bien común y al incremento de la riqueza; también es razonable que se reconozca que la Iglesia Católica tiene un papel indudablemente social, cuando educa en sus parroquias y movimientos apostólicos, de tiempo libre, etc., a tantos españoles, ciudadanos de nuestra patria. Lo mismo se puede decir de la ingente obra de promoción y de asistencia social a los más desfavorecidos.

Pero no podemos exigir a los poderes públicos los gastos que la actividad común de la Iglesia lleva consigo, porque eso es obligación, lógicamente moral, de los que componemos la Iglesia. Son los gastos de la actividad pastoral, de las casas y salones parroquiales, del cuidado diario de los templos, del mantenimiento de los sacerdotes, que dependen económicamente de la administración diocesana. Todo un capítulo que apenas es considerado ni siquiera por los consejos de economía de las parroquias, que a veces no salen de su campanario ni tienen en cuenta que una diócesis es un todo, una familia, unos vasos comunicantes.

Por ahí van las cosas y lo menos que se puede pedir a unos hijos de la Iglesia es que rellenen la casilla con la cruz para su propia Iglesia. Aunque ciertamente hay algo más en este capítulo de la vida cristiana, ya sería significativo que, si no construimos, no tiremos piedras a nuestro tejado: más tarde o más temprano tendremos que arreglarlo.