{\sc Arzobispo} \\ Arzobispo Braulio Rodríguez Plaza

Imprimir A4  A4x2  A5

Carta semanal

Derecho a informar

9 de octubre de 2005

Publicado: BOA 2005, 374.

El 28 de septiembre la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal emitió una Nota, “Ante el Proyecto de Ley Orgánica de Educación”, que quiere informar a los católicos, sobre todo a los padres, y a los hombres y mujeres que, sin sentirse católicos, están interesados en los problemas de la educación de sus hijos. ¿Informar de qué? Informar acerca del Proyecto de Ley de Educación, llamada LOE, que el Consejo de Ministros aprobó el 22 de julio pasado y pasó a las Cortes Españolas para su tramitación.

¿Estamos ante un episodio más de la inventada guerra de los obispos de España contra el Gobierno? Así lo consideran los de siempre, incapaces de ver más allá de su ideología. Por desgracia mucha gente se lo cree. Y nada más lejos de la realidad. ¿Se trata, entonces, de que los obispos intentan de nuevo conseguir una clase de Religión que sea tratada como se indica en los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979? Base hay para ello en esos Acuerdos, como también en la Constitución Española; pero tampoco se trata exclusivamente de la clase de Religión, cuyos profesores y alumnos afrontan con enorme dignidad, pese a los obstáculos con los que se enfrentan.

Se trata, ante todo, de informar de que la LOE, en palabras de Monseñor Dorado Soto, obispo de Málaga y presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza, «constituye un desafío formidable al derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones, a la libertad de elección de centro y a la posibilidad de impartir la Religión en la escuela»; y añade que «está en peligro la posibilidad del derecho constitucional a recibir en la escuela la enseñanza de la Religión que los padres soliciten libremente para sus hijos», según el artículo 27 de la Constitución.

El Proyecto de Ley atribuye a las Administraciones Públicas tal poder, que apunta a convertir al Estado en el único educador, olvidando que es a los padres a quienes asiste el derecho primordial, insustituible e inalienable de educar a sus hijos. Son, por tanto, derechos fundamentales los que están en peligro, si se lee ese Proyecto de Ley con una mirada medianamente crítica.

Si es el Estado el que queda como el único promotor legítimo de centros de enseñanza y el mentor ideológico exclusivo de lo que los niños y adolescentes deben o no conocer, pienso que mi deber es informar a los padres católicos de que el Gobierno los rechaza como interlocutores. Es lo que hemos visto que ha sucedido cuando al Gobierno le presentaron tres millones de firmas, la mayor parte de las cuales eran de padres que están preocupados por ese Proyecto de Ley, que ahora ha sido presentado a trámite parlamentario. Me gustaría, pues, que esos padres cayeran en la cuenta del problema que a ellos concierne y puedan emprender las acciones que ellos consideren necesarias, siempre dentro del respeto a nuestra Constitución y de modo absolutamente democrático.

† Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Valladolid