{\sc Arzobispo} \\ Arzobispo Braulio Rodríguez Plaza

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Carta semanal

Dejar a los padres educar a sus hijos

6 de noviembre de 2005

Publicado: BOA 2005, 424.

El derecho constitucional, fundamental e inalienable, que tienen los padres de educar a sus hijos corre peligro, si el Parlamento aprueba la Ley Orgánica de Educación que el Gobierno de la nación ha presentado a trámite. No hace ni siquiera un mes que escribí acerca de este tema, con motivo de la Nota de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Entonces titulé mi escrito “Derecho a informar” . Sigo pensando que el derecho es también deber. Me interesa, pues, aclarar algunos conceptos.

Tal vez el Gobierno y los partidos que le apoyan en el Parlamento piensen, en este asunto y en otros, que la Iglesia es partidista y que se alía con la oposición de modo interesado. Es posible también que algunos católicos de Valladolid puedan sentir que su Obispo apoya a determinada opción política en contra del legítimo Gobierno de España, como cuando escribía entonces: «El Proyecto de Ley atribuye a las Administraciones Públicas tal poder, que apunta a convertir al Estado en el único educador, olvidando que es a los padres a quienes asiste el derecho primordial, insustituible e inalienable de educar a sus hijos. Son, por tanto, derechos fundamentales los que están en peligro, si se lee ese Proyecto de Ley con una mirada medianamente crítica» (“Derecho a informar”, 9-10-2005).

Nada más lejos de la realidad pensar, pues, que mezclo en este tema determinadas opciones políticas. Pienso que hay que ser muy lúcidos y saber que está en juego no una disputa legítima entre partidos políticos, en la cual yo no entro. La Ley en cuestión es intervencionista e ideologizadora, que no respeta el derecho de los padres a que sus hijos se eduquen conforme a sus convicciones religiosas y morales, y decide el tipo de educación que ha de implantarse en una nueva reforma que es peor que la anterior; es un proyecto de Ley que restringe la capacidad de los padres de elegir el centro escolar y que pone en manos de los poderes públicos dónde serán escolarizados sus hijos. Un Proyecto que no establece instrumentos para que los centros de iniciativa pública puedan ofrecer modelos educativos acordes con los deseos de los padres; más bien impone un modelo único. Un Proyecto que en los centros de iniciativa privada anula el derecho constitucional de mantener un ideario propio, como queriendo imponer una ideología única en materia educativa —la del partido político que sostiene al Gobierno— a todos los centros escolares a través de la asignatura llamada pomposamente “Educación para la ciudadanía”.

El Proyecto de Ley desconfía así profundamente de la capacidad de los padres para educar a sus hijos y usurpa sus derechos y responsabilidades educativas respecto a los hijos. Si a ello añadimos que el tipo de asignatura de Religión que prevé la LOE es una obstaculización innecesaria y una limitación al desarrollo de la persona, pues representa el ocultamiento del fin trascendente de la persona, se llega a una conclusión: muchos padres pueden pensar razonablemente que este Proyecto de Ley no es bueno y se puede uno oponer a él democráticamente, y dialogando, si a los padres les dejan dialogar en tema tan importante. La libertad de enseñanza establecida por la Constitución pienso que peligra.

Sé muy bien que el día 12 de noviembre habrá en Madrid una manifestación contra este Proyecto de Ley liderada por organizaciones de padres de alumnos y otras instituciones en defensa de la familia, así como de profesores de Religión. Pienso que es normal que eso ocurra: actúan, a mi modo de ver, democráticamente y además es una causa justa. La Ley, si sale como su proyecto, será mala.

† Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Valladolid