Arzobispo Braulio Rodríguez Plaza

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Carta semanal

El sostenimiento de la Iglesia es
un objetivo pastoral de nuestra Diócesis

19 de noviembre de 2006

Publicado: BOA 2006, 458.

En la Programación Pastoral de nuestra Diócesis para este curso se nos pide a todos «Dar pasos en orden al sostenimiento económico de la Iglesia Diocesana». Hace ya un año que, al hablar del mismo tema, me hacía una pregunta más o menos en estos términos: «¿Hasta cuándo va a durar el actual modelo de sostenimiento de la Iglesia en España?». Quisiera ahondar en esta cuestión, empezando por lo más básico. En principio, en España la gente todavía piensa que a los curas los paga el Estado. Y como para los más la Iglesia son los curas, el Estado (algunos dicen el Gobierno) es quien paga y sostiene a la Iglesia. Tremendo error.

Pero, ¿no recibe la Iglesia católica muchos millones de euros del IRPF al marcar la crucecita en la declaración de la renta que hacemos cada año? Sí, en efecto, pero ese dinero sólo representa el 25% de las necesidades básicas de la Iglesia. El otro 75% viene directamente de la generosidad de los fieles a través de campañas, suscripciones, colectas... El dinero del IRPF se ingresa en el llamado fondo común interdiocesano de la Conferencia Episcopal. Ésta lo reparte entre todas las diócesis españolas, según unos baremos muy precisos, después de haber separado el pago de la seguridad social de los sacerdotes, el sueldo de los obispos (864 euros al mes) y una serie de necesidades a nivel nacional.

Hasta ahora ese dinero venía de la declaración de la renta de las personas físicas, al asignar el 0,52% a la Iglesia católica. Como ese porcentaje no se ha elevado desde hace 18 años, cuando este sistema de ayuda comenzó, el Estado asignaba una cantidad adicional como compensación, que salía de los Presupuestos Generales. Además, la Iglesia católica no pagaba el IVA en objetos y edificios de culto. Parece que a partir de la declaración de la renta de 2007, por tanto en el 2008, el porcentaje subirá al 0,7% y eso es lo único que recibirá la Iglesia Católica para el fondo común interdiocesano. Por tanto el sistema es perfectamente legítimo: la Iglesia es ayudada por quien lo quiera hacer, al efectuar la declaración de la renta; esto no le cuesta nada al contribuyente y el Estado hace solamente esa intermediación, como lo hace en otros casos con otras realidades sociales que no son el Estado. El dinero, entregado directamente por los contribuyentes que lo deseen a favor de la Iglesia, no forma parte del dinero público.

Pero este cambio respecto al IRPF indica que los católicos debemos espabilar y ser muy lúcidos, y sobre todo dejarnos ya de tópicos. Y entrar en la reforma económica que nuestra Iglesia inició hace varios años, que pasa por la transparencia y por un cambio de mentalidad y por adoptar una nueva cultura de gestión en relación a los bienes materiales que la comunidad cristiana necesita. Hay que preguntarse: ¿De dónde viene ese 65 ó 70% del presupuesto de la Administración diocesana? ¿Podemos seguir indiferentes y no preocuparnos de la asignación tributaria, sin saber que dependemos también de ese 30 ó 35% que nos llega de la decisión libre de los ciudadanos católicos de Valladolid? Sería otra ocasión desperdiciada por los sacerdotes y fieles.

La Iglesia católica se compromete a una transparencia informativa en sus cuentas. Siempre lo ha hecho, pero es bueno que digamos qué dinero hemos recibido y cómo se ha aplicado. Nos gustaría también crear un impreso, como hace la Iglesia de Italia, que esté en las parroquias, donde la gente pueda asignar el IRPF no en el momento de la declaración sino antes. Los datos precisos sobre la asignación de ese porcentaje a favor de la Iglesia siempre los ha dado Hacienda con dos o tres años de retraso.

Hay que crecer, pues, en el compartir, en el espíritu de comunión de bienes, que no son sólo dineros. Ese es el ideal de cualquier comunidad cristiana: personas que brindan su talento, que ofrendan dinero y alimentos, sí, pero también su valioso tiempo para evangelizar, visitar enfermos, cuidar de los pobres, dar catequesis, aportar su ayuda en la Liturgia de la Iglesia, etc., todo lo cual es un servicio también a la sociedad. Pero, para eso, es necesario sentirse Iglesia e Iglesia diocesana. Y ahí sí que tenemos que avanzar.

Al deber de los fieles de ayudar económicamente a la Iglesia en sus necesidades, corresponde el deber correlativo de los pastores de disponer que sean bien administrados, con la ayuda de quienes más saben de esto: los fieles laicos competentes. Competencia y transparencia, actuando de acuerdo con las normas que rigen en la materia entre hombres honestos y competentes, es lo que la Administración diocesana ofrece. Sin duda, porque «nuestra intención es evitar toda crítica con respecto a la cantidad considerable administrada por nosotros, pues procuramos hacer lo que está bien, no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres» (2Co 8,20-21).

† Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Valladolid