Muchos asuntos se debaten en la plaza pública que precisan una iluminación evangélica en orden a la consecución de la justicia; uno de ellos es el de las migraciones.

Dignidad humana y bien común son dos referencias básicas de la Doctrina Social de la Iglesia para iluminar la reflexión sobre la vida social en cada momento de la historia y también para ofrecer criterios para la acción social y política de los ciudadanos.

La dignidad es una característica que brota de la propia naturaleza humana. Afirmarla es proclamar la conciencia de la excelsa dignidad de la persona humana, de su superioridad sobre las cosas y de sus derechos y deberes universales e inviolables. Así, la dignidad pide que se facilite al hombre todo lo que este necesite para vivir una vida verdaderamente humana; la dignidad sale al paso de cuanto atenta contra la vida, cuanto viola la integridad de la persona, cuanto la ofende, como son las condiciones infrahumanas de vida, las detenciones arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de personas en general, o las condiciones laborales degradantes que reducen al trabajador al rango de mero instrumento de lucro, sin respeto a la libertad y responsabilidad de la persona. Todas estas prácticas y otras parecidas son en sí mismas infamantes, degradan la civilización humana, deshonran más a sus autores que a sus víctimas y son totalmente contrarias al honor debido al Creador.

De la dignidad, unidad e igualdad de todas las personas deriva el principio del bien común, al que debe referirse todo aspecto de la vida social necesario para encontrar plenitud de sentido. Por bien común se entiende el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Una sociedad que en todos sus niveles quiere positivamente estar al servicio del ser humano es aquella que se propone como meta prioritaria el bien común de todos los hombres y de todo el hombre. La persona no puede encontrar realización sólo en sí misma, prescindiendo de su ser con y para los demás.

Dignidad humana y bien común han de conjugarse de manera simultánea. Ambos principios son recíprocos y la consecución de uno es imprescindible para la realización del otro. La polarización tiende también a anular esta polaridad y a enfrentar a quienes ponen más acento en uno u otro polo. La dignidad es fuente de derechos y de responsabilidad para con los otros, dotados de igual dignidad. El bien común nos reclama deberes y su desarrollo es imprescindible para que la dignidad reconocida no sea solo papel mojado.

En esta época, la interdependencia entre los pueblos y la movilidad de las personas ha hecho que tanto la comprensión de la dignidad como la del bien común se universalicen e impliquen, por ello, derechos y obligaciones que miran a todo el género humano. La interdependencia, además, es desigual y asimétrica, generando muchas situaciones de empobrecimiento violento e injusto; la movilidad es provocada muchas veces por esas mismas situaciones y por la necesidad de mano de obra de los países ricos, pero envejecidos. El sistema económico y los modos de vida hedonistas e individualistas que promueve favorece todo este proceso.

Si la dignidad es lo que pudiéramos llamar una línea roja, que ha de respetarse en todo caso, la realización del bien común supone la distinción, que el pasado 25 de abril el Papa León XIV realizaba, de la línea de demarcación entre el testimonio religioso profético reservado a la comunidad eclesial y el testimonio cristiano expresado a través de lecciones políticas concretas. Añadía el Papa: “ser cristiano en política no significa ser abiertamente confesional, sino permitir que el Evangelio guíe las decisiones que deben tomarse, incluso aquellas que no parecen obtener un consenso fácil. Significa trabajar para preservar la conexión entre la ley natural y la ley positiva y entre las raíces cristianas y la acción política”. Esto pide un discernimiento y el ejercicio de la prudencia política de los ciudadanos y, especialmente, de aquellos que tienen responsabilidades públicas. Todos están llamados a respetar la línea roja de la dignidad que brota de la propia naturaleza humana y a moverse en un ejercicio prudencial de opciones económicas y políticas a la hora de la realización del bien común. En este ejercicio, las posiciones de los católicos y de políticos que quieran iluminar su acción por la Doctrina Social de la Iglesia encuentra un abanico más amplio, una posibilidad de elección entre diversos criterios, diversas formas de conseguir el desarrollo pleno de la dignidad humana. Sus distintos criterios y prioridades son legítimos dentro del marco de referencia recordado.

Sobre el asunto de las migraciones dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2241: “Las naciones más prósperas tienen el deber de acoger en cuanto sea posible al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen. Las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben.

Las autoridades civiles, atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas, especialmente en lo que concierne a los deberes de los inmigrantes respecto al país de adopción. El inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge y a obedecer sus leyes y contribuir a sus cargas”.

El Papa Francisco, desde los principios morales básicos que recoge el Catecismo, invitó reiteradamente a un proceso de acogida, protección, promoción e integración en el que la Iglesia ha de ser signo e instrumento de la fraternidad universal.

El Papa León XIV acaba de afirmar, en el regreso de su viaje a África, los dos principios: que los Estados tienen derecho a regular sus fronteras, pero, al mismo tiempo, los que llegan deben ser tratados con respeto y con arreglo a su dignidad. Y añadió: “quizá a nivel mundial deberíamos trabajar más para promover una mayor justicia, igualdad y el desarrollo de estos países africanos, para que no tengan la necesidad de emigrar a otros países, a España, etc.”. Dicho esto, formuló varias preguntas: “¿Qué hacemos en los países más ricos para cambiar la situación en los países más pobres? ¿Por qué no podemos intentar, tanto con ayudas estatales como con inversiones de las grandes empresas ricas, de las multinacionales, cambiar la situación en países como los que hemos visitado en este viaje?”.

Queridos amigos, dialoguemos, iluminados por esta doctrina, sin dejarnos atrapar por eslóganes polarizadores ni por la interpretación aún más polarizadora que algunos realizan a favor de sus intereses de poder.